La situación de la UCI Pediátrica del Hospital La Paz, paralizada desde mediados de enero por un conflicto laboral, está pendiente de la resolución el miércoles próximo de un recurso de apelación de la Consejería de Sanidad de Madrid contra una sentencia judicial que ordenó la restitución provisional del jefe de servicio en su puesto de trabajo.
La Paz es el único centro de la Comunidad de Madrid que realiza todo tipo de trasplantes pediátricos y es centro de referencia nacional (CSUR) para múltiples patologías complejas.
Todos los médicos de plantilla asignados al servicio, con la única excepción de su jefe y un facultativo, se han visto obligados a causar baja médica o han renunciado a sus contratos ante la imposibilidad de seguir desempeñando su trabajo con las máximas garantías y por la seguridad de su pacientes, un hecho sin precedentes, consecuencia de la reincorporación la semana pasada del jefe de servicio, el doctor Pedro de la Oliva, a su cargo, tras la suspensión temporal de su segundo cese por orden judicial.
El periplo judicial
Esta situación se deriva de la activación de un protocolo por acoso laboral en agosto de 2020 por parte de seis médicos adjuntos por el trato inadecuado que venían recibiendo de su jefe de servicio nombrado en 2013 y que fue ratificado por una decena de compañeros que fueron testigos de los hechos denunciados.
Como resultado de la aplicación del protocolo de conflicto, la dirección del hospital destituyó al jefe de servicio, una medida que se hizo efectiva el 18 de diciembre de 2020.
Esta decisión condujo a la apertura de un expediente disciplinario por la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que finalizó con la imposición de una falta grave por «desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios» con la suspensión de funciones durante un periodo de ocho meses, sanción que está pendiente de resolución judicial tras ser impugnada por De la Oliva.
Actualmente, los acuerdos adoptados se encuentran en diversas fases de distintos procesos judiciales.
El 25 de septiembre de 2023, el doctor Pedro de la Oliva se reincorporó provisionalmente como jefe de servicio de la UCIP, por orden del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid.
El 21 de diciembre de 2023, el jefe de servicio fue destituido nuevamente, por decisión de la dirección del hospital, ante la imposibilidad cubrir las necesidades organizativas y asistenciales que afectaban directamente al servicio.
Otra vez recurrió judicialmente en el procedimiento que lo restituyó en su cargo el 25 de septiembre y, en cumplimiento de las medidas cautelares, se suspendió su cese, de manera que el pasado 15 de enero se reincorporó como jefe de servicio de la UCI Pediátrica.
El jefe de servicio guarda silencio, a la espera del pronunciamiento de los tribunales
Pedro de la Oliva ha declinado hacer declaraciones sobre un asunto que está judicializado.
Su abogado, Jorge Trujillo, explica que, tras presentar un recurso ordinario contra su primer cese, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 dictó una sentencia el 6 de febrero de 2023 en la que ordenó la restitución del jefe de servicio en su puesto de trabajo.
En esa resolución, según Trujillo, se indica que «no se está ante acoso laboral alguno de un jefe de servicio de la UCIP frente a sus facultativos subordinados, sino ante claros incumplimientos de unas órdenes impartidas por un superior jerárquico, con la especialización y experiencia que consta acreditada en su hoja de servicios».
Contra esta sentencia, la Consejería de Sanidad a través de los Letrados de la Comunidad, interpuso un recurso de apelación, que está pendiente de resolverse por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y señalado para votación y fallo el 31 de enero de 2024.
Trujillo no entiende cómo la dirección del hospital La Paz consiente el incumplimiento flagrante de algo que ha sido valorado y decidido por un órgano judicial.
«Los trabajadores están en su derecho de darse de baja, si su salud lo requiere, o renunciar, si lo estiman oportuno», reconoce el letrado, quien no comprende «que se produzca de forma súbita y coordinada en dos ocasiones, con el consiguiente perjuicio asistencial para los niños», sin que por parte de la dirección se adopte medida preventiva alguna para cubrir dichas ausencias.
Once bajas médicas acreditadas
La letrada de seis de los médicos que activaron el protocolo de conflicto, Silvia Moya, señala que en este protocolo de conflicto se acreditó «violencia psicológica y acoso por razón de sexo» a las mujeres madres por parte del jefe de servicio.
Moya sostiene que «hay una actuación conjunta» de hasta once médicos (no solamente sus seis representados), cuyas bajas están «supervisadas» por el Programa de Atención Integral al Profesional Sanitario Enfermo (PAIPSE) y han sido «fiscalizadas» hasta dos veces, la última recientemente, por la Inspección Médica.
La abogada celebra la modificación reciente del protocolo de conflicto de la Comunidad de Madrid porque evitará este periplo judicial que «lo único que hace es mermar todavía más el estado psicológico de estos profesionales que desempeñan su trabajo con vocación en una UCI Pediátrica, pero que desde septiembre no pueden trabajar porque están enfermos».
Además, Moya indica que el nombramiento del doctor Pedro de la Oliva como jefe de servicio es carácter provisional, por lo que podría ser cesado de forma discrecional, y lamenta que desde su nombramiento en 2013 la Comunidad de Madrid no haya «evaluado» sus actividades desde el punto de vista de la asistencia, la calidad, la docencia, la investigación y las relaciones de trabajo.
Fuente Agencia Efe
