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miércoles, abril 24, 2024

Miguel Ángel Flores declara que «jamás» se apropió del dinero de sus socios en un gimnasio de Chamartín

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Miguel Ángel Flores, principal condenado por el caso Madrid Arena, ha declarado este lunes en el juicio en el que se le acusa de presunta estafa que «jamás» se apropió de dinero del dinero de los socios de su gimnasio de Chamartín ni falseó la contabilidad en su propio beneficio.

El empresario y otro extrabajador se han sentado esta mañana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por delitos de estafa continuada y apropiación indebida en relación a la gestión y obras de remodelación del Castellana Sports Club.

La Fiscalía de Madrid no les acusa al considerar que no está acreditada su autoría en los delitos de estafa continuada, apropiación indebida y administración desleal que les imputa la acusación particular. Los querellantes les solicitan el pago de unos 600.000 euros.

Frente al criterio del fiscal, los accionistas les imputan haberse apoderado de diversas cantidades de la entidad en beneficio ilícito propio ajeno a los fines de Canacur, aprovechando su condición de gestionar el centro deportivo.

El objeto del procedimiento se refiere a una de las sociedades –Canacur S.A.– de las que Flores fue administrador único hasta el 1 de junio de 2018, fecha en la que cumplía ya su condena entre rejas al haber ingresado unos meses antes en el centro penitenciario por el caso Madrid Arena.

DEFIENDE LA LEGALIDAD

En su declaración, Flores ha negado haber dado instrucciones para falsear la contabilidad y haber dado órdenes para negar información a sus entonces socios como consecuencia de las ampliaciones de capital que se realizaban con motivo de unas obras y de la mala situación económica de la sociedad.

Según el acusado, las obras eran necesarias para adaptar el centro deportivo a los requisitos que requería el Ayuntamiento de Madrid para otorgar una licencia de funcionamiento.

Flores ha detallado que un año antes de que se produjeron los hechos entraron nuevos socios –ahora los querellantes– ante la necesidad de incrementar la inversión de cara a la realización de las obras. Sin embargo, los acciones incumplieron el contrato y se fue acumulando deuda.

En varias juntas de accionistas, según el empresario, se les informó de las ampliaciones de capital y de los pagos a cuenta de obra que se realizaban por transferencias bancarias, nunca en efectivo. LLegó un momento en que Flores contrató a un notario ante el ambiente hostil que se iba generando con el fin de evitar problemas en el futuro y otorgar mayor transparencia.

Tras ello, ha expuesto que en 2015 se realizó una auditoría de carácter interno en la sociedad que informaba acerca de la situación de disolución por pérdidas y que la deuda era mayor que el capital.

El otro acusado, exadministrador de Canacur, ha afirmado que si hubiera visto algo raro, hubiera dimitido en seguida. «Esas ampliaciones eran necesarias. La deuda era cada vez más gorda», ha comentado con la voz quebrada, relatando que la acusación es «un acto de cobardía porque van contra Miguel Ángel Flores».

HECHOS EXPUESTOS POR EL FISCAL

Según el escrito del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, no consta que Flores y el otro acusado aprovechando «la gestión y las obras de remodelación de un centro deportivo que la entidad gestionaba en la estación de Chamartín se apoderaran de diversas cantidades de la entidad en beneficio ilícito propio ajeno a los fines de Canacur».

La acusación particular les acusaría de apoderarse presuntamente de «440.968 euros, que a fecha de 31 de diciembre de 2012 figuraba como saldo contable de la cuenta de caja, no destinando dicha cantidad a los fines de la sociedad, así como que ampliaran su apoderamiento posteriormente durante los siguientes años a esa fecha hasta la cantidad de 683.085 euros».

Según el fiscal, no consta tampoco que «determinaran ampliaciones de capital en la entidad en las fechas 7 de agosto de 2012 y 13 de diciembre de 2012, así como en otras posteriores al 3 de abril de 2013 y 29 de julio de 2013».

Añade que participaban, sin que conste para el fiscal, «en las mismas a través de las empresas gestionadas por el mismo denominadas Free Sensations Magic S.L, Diviertt S.L y Maf World a fin de obtener una participación preferente en la citada Canacur, con dinero procedente del apropiado previamente de la propia empresa, en perjuicio del resto de accionistas que no dispusieron de esta posibilidad».

«No consta igualmente que ordenaran falsear los registros contables y las cuentas anuales de la empresa Canacur, proporcionando al resto de accionistas de la empresa un información adulterada del estado económico de la misma con reflejo de un patrimonio neto falso como valor de las acciones que habrían de emitirse, y de necesidad de las referidas ampliaciones antes aludidas, a fin de conseguir siguieran confiando en la gestión de la empresa, y participaran en las ampliaciones de capital referidas», añade.

La Fiscalía considera que no consta que «los investigados hayan cometido los delitos imputados de apropiación indebida continuada, estafa continuada, administración desleal, un delito societario de falsedad contable continuado así como de imposición de acuerdos abusivos y de negación del derecho de información y participación en la gestión a los socios».

MADRID ARENA

En marzo de 2018, el Supremo confirmó la condena a Flores como autor responsable de cinco delitos de homicidio y catorce de lesiones por imprudencia grave por lo sucedido la madrugada del 1 de noviembre de 2012.

Además, el tribunal le inhabilitó para el ejercicio profesional de cualquier actividad en relación con la organización y celebración de eventos durante el tiempo de la condena.

La sentencia concluyó que Flores vendió más entradas de los permitidas y que, tanto él como el resto de los responsables de la organización y seguridad, «no solo no evitaron riesgos, sino que los crearon y los permitieron».

El empresario llegó a vender a través de su empresa unas 16.695 entradas, cuando el aforo máximo permitido en este pabellón municipal era entonces de 10.620 personas.

Ante los magistrados del Supremo, el abogado del promotor de la fiesta culpó al Ayuntamiento de Madrid de la falta de seguridad y de las deficiencias del recinto.

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