El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del PSOE contra la Ley de Simplificación, que modifica quince textos normativos de la Comunidad de Madrid y que fue aprobada en diciembre por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea.
Así figura en una comunicación del TC fechada este martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se explica que se dará traslado de la demanda y los documentos presentados a varias instancias –como el Congreso, la Asamblea y el Gobierno regional– para que puedan personarse en el proceso y «formular las alegaciones que estimasen convenientes».
Este recurso lo presentó el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, el pasado 2 de abril. Lo firman 50 senadores socialistas, entre ellos el propio Lobato, quien aseguraba que las modificaciones de esta ley «van en la línea contraria de lo que plantea la Constitución, en la línea contraria al pluralismo político, el control y la fiscalización de los gobiernos democráticos».
La norma introduce cambios en la Ley de Gobierno y Administración, la Ley de Cámara de Cuentas, la Ley de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, la Ley de supresión del Consejo Consultivo, la Ley de Radio Televisión Madrid y la Ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la gestión de los centros y organizaciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
Igualmente, modifica la Ley de Transparencia y de Participación, la Ley de Medidas Urgentes para el para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad, la Ley de Cooperativas, la Ley de creación del sistema integrado de Protección Civil y Emergencias, la Ley del Suelo, la Ley de Protección de los Consumidores, la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza y la de Vías Pecuarias.
Algunas de las modificaciones ya han sido efectivas, como es el caso de las que atañen a la Cámara de Cuentas, que la semana pasada ya renovó totalmente a su Consejo y nombró a su nuevo presidente, Joaquín Leguina. También sucederá lo mismo, previsiblemente, con el consejo de administración de Radio Televisión Madrid. El martes se votará a los consejeros propuestos por los Grupos Parlamentarios de la Asamblea y bastará con la mayoría absoluta del PP para sacarlos adelante.
LOS CAMBIOS DE LA LEY
La primera de las normas que cambia es la del Gobierno y Administración de la Comunidad, que entre sus puntos permite al Consejo de Gobierno regular el estatuto de los expresidentes además de la obligación del Ejecutivo de revisar sus leyes periódicamente para comprobar que han «conseguido los objetivos previstos».
En el caso de la Ley de Vías Pecuarias se hacen cambios para adaptarla tras la supresión del Patronato de la Red de Vías Pecuarias, mientras que en la Ley del Suelo, hacen lo propio con la secretaría general técnica y en la Cámara de Comercio eliminan la limitación de mandatos del presidente.
La Cámara de Cuentas presenta varias modificaciones en la elección del presidente y de los consejeros. Estos últimos se amplían de 3 a 7 y se crea el puesto de vicepresidente. Cambia también la mayoría para elegir al presidente que se reduce de 2/3 a 3/5 (81 diputados) en primera vuelta.
El Consejo Consultivo también experimentó varios cambios. Ahora sus funciones pasan a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que estará integrada en la Abogacía General de la Comunidad. Además de los letrados vocales (técnicos nombrados por el Consejo de Gobierno) también habrá vocales electivos (personas de «reconocido prestigio» que cobrarán por asistir a los Plenos).
En el caso de Telemadrid hay varios cambios como la reducción de la Carta básica de 9 a 8 años prorrogables o el contrato programa que pasa a durar cuatro. Se elimina la exigencia de contabilidad analítica para «garantizar la transparencia financiera» y la Oficina de Participación del Espectador y Radioyente para a ser de creación voluntaria.
En la misma hubo dos puntos sobre los que los servicios jurídicos de la Asamblea expresaron «dudas» legales. Eran la elección del director general y el Consejo Asesor. El PP enmendó la ley para incluir la participación de la Asamblea, como pedía el informe.
En el primer caso será designado por la Junta General de Accionistas de RTVM a propuesta del consejo de administración y una vez que la Comisión de la Asamblea «determine su idoneidad». En el caso del segundo también tiene que pasar por la Cámara regional.
Por otra parte, en la de Ley de Profesionalización de Gestión de Centros y Organizaciones Sanitarias del Sermas se marca que los directores gerentes y territoriales ya no serán elegidos por un «proceso de igualdad, mérito y capacidad» sino por el Consejo de Administración del Sermas. Se elimina la limitación del mandato a 5 años.
En la Ley de Transparencia y Participación, el Consejo de Transparencia pasa a estar adscrito a la Consejería de Presidencia y añade en sus funciones la protección de datos de carácter personal. En la elección de su presidente también hubo enmienda de los ‘populares’ para incluir que el candidato deberá comparecer previamente en la Comisión de la Asamblea y refrendado por mayoría absoluta en primera vuelta o simple en la segunda.
Por parte de la Ómnibus de 2022, se busca ampliar la actividad de la Agencia de Contratación Sanitaria además de la contratación de personal sanitario extracomunitario; mientras que en la de Creación del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias se marca que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid asesorará, representará y defenderá en juicio a la ASEM112.
EUROPA PRESS
