Critica la subida de precios en la vivienda protegida y pide un incremento del parque de vivienda social
MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) –
Un total de 16 organizaciones sociales han exigido a la Comunidad de Madrid la aprobación de una ley que permita el acceso a una vivienda asequible para toda la ciudadanía, «con medidas eficaces y obligaciones exigibles ante las administraciones públicas».
Así lo han manifestado Amnistía Internacional, ATTAC, CAES, CC.OO., Consejo de la Juventud, CECU, Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), Plataformas de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Usera y Arganda, Cuarto Mundo, Foro Ser Social, FRAVM, Fundación San Martín de Porres, Plataforma Luz, Provivienda y UGT en un comunicado. Todas estas entidades se han unido en la Plataforma en defensa del derecho humano a la vivienda en la región.
«La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, presentó un plan de choque con 10 medidas para afrontar el grave problema de la vivienda. Aunque defendió el carácter novedoso de las medidas, que serán implantadas en 2024-2025, en realidad no vendió más que humo. Estamos ante un decálogo que reproduce las políticas del Gobierno autonómico de los últimos años y que ha generado unos muy pobres, cuando no desastrosos, resultados», han criticado en un comunicado.
Para la Plataforma, este plan «no dice nada de la necesidad de incrementar el raquítico parque público de viviendas sociales en alquiler, que apenas representa un 1% de las viviendas de la comunidad autónoma, cuando la media europea es del 9%».
«Tampoco obligado a los promotores a desarrollar los suelos calificados para construir viviendas protegidas, dos medidas que sí servirían para ampliar la oferta de viviendas asequibles. Además, ¿era necesario realizar una subida de los módulos de la vivienda protegida en estos momentos en los que el acceso está vetado para cada vez más familias y personas en la región?», ha indicado.
Asimismo, ha lamentado la ausencia de medidas para regular las viviendas turísticas o actuaciones para «enmendar los pobres resultados del Plan Vive». En esta línea, ha señalado que el Gobierno regional destina un 0.5% del PIB a políticas de vivienda y que en los Presupuestos de 2024 «solo hay una inversión de 517 millones de euros en esta materia sobre un total de 27.500 millones».
«La Comunidad de Madrid no solo dedica poco dinero a la vivienda, sino que buena parte de este dinero procede de otras administraciones, de forma que su papel es el de mera intermediaria, una labor que ni siquiera hace bien, como ha sucedido con el enorme retraso en el pago del Bono Alquiler Joven a los solicitantes», han destacado las asociaciones.
PROPUESTAS
Por otro lado, la Plataforma en defensa del derecho humano a la vivienda en la Comunidad de Madrid ha demandado la aplicación de la ley estatal de Vivienda «en toda su amplitud y con especial atención y urgencia en puntos como la declaración de zonas de mercado tensionado».
Asimismo, ha pedido al Ejecutivo autonómico «el compromiso firme, reflejado en porcentaje anual, de incremento importante, urgente y progresivo del parque de vivienda social». En este sentido, ha pedido que adopten «las medidas necesarias para incorporar al parque público madrileño las viviendas de titularidad Sareb».
«Las administraciones públicas deben prevenir y garantizar que en ningún caso se producirán desalojos sin alternativa habitacional. En los procedimientos de desahucio, el órgano judicial asegurará el cumplimiento de dicha garantía y la existencia de alternativa antes de acordar cualquier lanzamiento», ha señalado.
Además, ha solicitado la despenalización del acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública de las familias sin título habilitante de su vivienda y la creación de la Agencia de Protección al Consumidor y la aprobación de un sistema de infracciones, reclamaciones y sanciones.
Finalmente, ha recalcado que la Comunidad de Madrid «debe cumplir» las resoluciones del Consejo de Europa y de la Defensoría del Pueblo «restableciendo el suministro eléctrico en la Cañada Real, y facilitando la suscripción de contratos de energía».
