La Comunidad de Madrid reforzará este año con diez nuevos profesionales –entre facilitadores, psicólogos y trabajadores sociales– la plantilla de las oficinas de asistencia a víctimas de delitos, que actualmente cuentan con 57 empleados, según ha anunciado este jueves el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en el Pleno de la Asamblea.
García Martín ha defendido la labor de estas oficinas y los recursos dedicados a ellas, como las 16 cámaras Gesell instaladas en las distintas sedes judiciales, a fin de facilitar que las víctimas «más vulnerables» puedan declarar de forma anticipada.
El consejero también ha señalado la previsión para este año de que el personal al servicio de estas oficinas actúe como facilitador judicial «para la mejor atención de las personas con discapacidad».
En este sentido, ha subrayado que en el año 2023 se han registrado «más de 48.000 actuaciones a las que se acogieron 11.400 personas», de ellas «el 90% mujeres», así como «1.400 menores y 170 personas con algún tipo de discapacidad» atendidos.
«Las oficinas de asistencia a víctimas del delito ha ido ganando en calidad, prestaciones, número de centros y, sobre todo, en la calidez con la que se atiende a los ciudadanos», ha defendido el consejero.
UNA RED CON 21 PUNTOS DE ATENCIÓN EN LA COMUNIDAD
García Martín ha trasladado que desde que se puso por primera vez en marcha este servicio, Madrid cuenta con una red con 21 puntos de atención en las que se ofrece asesoramiento jurídico y asistencia psicológica y social. De estas oficinas, 14 se han creado en los dos últimos años.
En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el Grupo Popular, Miguel Ángel García Martín ha comparado este trabajo con la actuación del Ministerio de Justicia en el territorio donde gestiona la administración de Justicia, en el cual «hasta enero no había abierto ni una sola» oficina de asistencia a víctimas a pesar de que «la legislación le obliga a ello» desde «hace años».
Algo que para García Martín puede responder a que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el titular de Justicia en el Gabinete, Félix Bolaños, están «ocupados en otros asuntos», como «atacar jueces y magistrados» o «acallar medios no afines» para «tapar casos de corrupción económica y política».
EUROPA PRESS
