La Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid, promovida por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, presentará este viernes su informe sobre lo ocurrido en estos centros durante la pandemia de Covid-19, en el que apunta a que las muertes «se podrían haber evitado» con «otro tipo de decisiones políticas y de gestión» y denuncia «criterios discriminatorios» en la derivación a hospitales.
La presentación tendrá lugar este viernes, 15 de marzo, a las 11 horas en el Ateneo de Madrid y en ellas se darán a conocer los contenidos, conclusiones y recomendaciones del texto.
Según han avanzado sus responsables, las muertes en las residencias, «el doble que en otras comunidades autónomas», subrayan, se «podrían haber evitado con otro tipo de decisiones políticas y de gestión».
Además, la Comisión denuncia «criterios discriminatorios para las derivaciones de personas enfermas de las residencias a centros hospitalarios» y asegura que «se han detectado decisiones discriminatorias por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como carecer de seguro privado».
Además, esta Comisión Ciudadana plantea hasta seis recomendaciones dirigidas a «conocer la verdad de lo ocurrido y poner los medios adecuados para que no vuelva a suceder», reforzando el sistema sanitario público y «luchando contra el edadismo».
A instancia de los familiares y afectados, en abril de 2023 se constituyó la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid. Han formado parte de la misma el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien la ha presidido; el profesor de Derecho Constitucional y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia Fernando Flores, a la sazón redactor del informe; la doctora en epidemiología María Victoria Zunzunegui; el médico Fernando Lamata; la escritora Anna Freixas; la socióloga y politóloga Cristina Monge, y el abogado y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Eduardo Ranz.
Desde la Comisión recalcan que Madrid fue «la comunidad autónoma con mayor número de residentes fallecidos con Covid-19» y «de lejos» la región con «mayor exceso de mortalidad en toda Europa». «En los dos primeros meses de la crisis sanitaria perdieron la vida en las residencias 9.468 personas mayores, el 21,5% de las que allí ocupaban plaza. Uno de cada cinco residentes», insisten.
Los pasados días 15 y 16 de septiembre, esta comisión entrevistó a personas que sufrieron esta experiencia en primera línea, a personas que por su profesión tienen conocimientos de lo sucedido y a personas con responsabilidades políticas en aquellos momentos.
19 CAUSAS ARCHIVADAS POR LA JUSTICIA
Hasta el momento, la Justicia suma 19 pronunciamientos que desestiman las responsabilidades de la Comunidad de Madrid en lo ocurrido, el último, por la muerte de dos residentes en sendas residencias de Parla durante la primera ola de la pandemia, confirmando así el archivo inicial de la causa por un Juzgado de la localidad.
En su argumentación, la Audiencia Provincial subrayaba que la investigación practicada en la fase de instrucción «ha sido especialmente exhaustiva» con informes médicos y la testifical de los facultativos que atendieron a los fallecidos, de los que «se deduce que la atención desplegada fue la adecuada en cada caso en los términos que específicamente se relatan en al auto recurrido».
Al contrario que en este caso, la Audiencia Provincial de Madrid sí obligó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba a reabrir el pasado año una causa contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y sus exconsejeros de Sanidad e Interior, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, respectivamente, por las muertes de usuarios de una residencia de ancianos en la primera ola de la pandemia de Covid-19.
Previamente, el pasado 23 de marzo de 2023, el exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero y el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur fueron citados en calidad de testigos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por otras tres querellas relacionadas con la muerte de tres ancianas en residencias.
Sin embargo, también con anterioridad la Audiencia Provincial había determinado, en relación con la muerte de otros dos residentes en otra residencia de la Comunidad, que el Gobierno regional priorizó el criterio clínico en las derivaciones a hospitales de residentes de centros de mayores durante el inicio de la pandemia frente a los protocolos de actuación vigentes en la época más dura del Covid-19.
Por otro lado, el pasado 29 de febrero Más Madrid entregó este jueves a la Fiscalía Provincial de Madrid las 198 actas policiales de inspecciones en residencias de la capital durante los primeros meses de la pandemia.
EUROPA PRESS
