Comisión Ciudadana ve «inadecuada» respuesta de Comunidad en residencias en pandemia y cree que se «vulneraron derechos»

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, promovida por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, ha concluido que la respuesta del Gobierno regional «fue inadecuada» y se «vulneraron derechos fundamentales» de los residentes y sus familias.

Según consta en el informe sobre lo ocurrido en las residencias en los meses de marzo y abril de 2020, en este periodo se produjo «una sobremortalidad» en estos centros «que pudo y debió haberse evitado».

Entre el decálogo de conclusiones del informe, que se ha presentado este viernes en el Ateneo de Madrid, se incluye también que «los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes» cuando se declaró la pandemia, situación que desde entonces «no se ha corregido».

En este informe, presentado tras tres meses de estudios y 25 testimonios recogidos, se apunta que la comunicación entre residencias y familiares, así como la información a los familiares, «fue inadecuada» y se sentencia que la Comunidad de Madrid «no medicalizó las residencias en marzo y abril de 2020».

«El Gobierno de la Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como carecer de seguro privado», subraya el informe en sus conclusiones, donde también remarca que la Administración regional «no utilizó los medios alternativos existentes» para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias «ni derivó a pacientes a hospitales privados».

Para esta Comisión, «el sufrimiento y la muerte evitable de miles de personas mayores que vivían en las residencias» fue consecuencia de «unas decisiones planificadas y conscientes de discriminación en la atención», por lo que sentencia que «se han vulnerado gravemente derechos fundamentales de las personas residentes y sus familiares».

SOSTIENEN QUE «SE HA VULNERADO EL DERECHO A LA VERDAD»

También se ha vulnerado, sostiene el informe, «el derecho a la verdad», pues considera que «no se ha investigado debidamente lo que ocurrió» y «no se han establecido ni responsabilidades ni reparaciones justas».

El encargado de presentar el informe ha sido el presidente de la Comisión Ciudadana, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, quien ha remarcado que «no se trata de una invasión de tareas que corresponden a los políticos», pero dado que las comisiones de investigación «se frustraron», acciones como éstas, que emanan de la ciudadanía, ha subrayado, «fortalecen la calidad democrática».

Especialmente crítico se ha mostrado con el papel de la Fiscalía a la hora de investigar lo ocurrido o participar en los procesos judiciales en marcha, una actitud que ha tachado de «conformista» y que por su pasado profesional en el Ministerio Fiscal le «duele doblemente». «En algunos casos ni acudían a las declaraciones», ha lamentado Martín Pallín.

Entre las recomendaciones que señala este informe está precisamente la búsqueda «de la verdad» y el «deber de no olvidar», algo que pasa, señalan, porque tanto el Gobierno de la Comunidad como la Asamblea de Madrid «reabran la comisión de investigación sobre la pandemia».

A esto se suma, en relación a lo dicho por el presidente de esta Comisión Ciudadana, que la Fiscalía «complete una investigación eficaz y diligente».

Además, reclama un «cambio radical» en el planteamiento del modelo de cuidados, algo que conlleva, explica el informe, una dimensión económica, sociocultural –que pasa por una mayor visibilización de los mayores o personas con discapacidad «como sujetos de pleno derecho», sanitaria, jurídica –con una «puesta al día de la normativa»– y política.

Por último, se pide «mejorar la dotación del sistema sanitario público» y «visibilizar y luchar contra el edadismo».

EUROPA PRESS