Los alumnos del IES Ramiro de Maeztu en el distrito madrileño de Chamartín se han movilizado para rechazar la decisión de la Comunidad de Madrid de instalar en el mismo a partir del próximo curso escolar la primera y única Escuela Europea Acreditada (EEA) de España destinada a los hijos de funcionarios de la Unión Europea que, por la naturaleza de sus trabajos, pueden cambiar frecuentemente de destino dentro de sus fronteras.
Algo que para los estudiantes del centro supone convertir su instituto en un centro «para familias de élite» de funcionarios tanto de la Unión como de la OTAN, han advertido este miércoles durante una concentración celebrada a la puerta del mismo en el segundo día de huelga que han convocado para manifestarse contra esta decisión.
En declaraciones a los medios, los alumnos han defendido que se trata de un instituto «con muchísimas listas de espera» para acceder, a pesar de lo cual ahora se dará, sostienen, «prioridad» a estas familias, lo que para ellos representa una forma de «privatización indirecta».
«Nos han dicho mucho que no es una privatización, pero sí que lo es porque les están dando prioridad a unos niños por ser de la familia que son y por tener el dinero que tienen. También nos han intentado vender que nosotros vamos a poder acceder a esa educación, pero eso es mentira porque evidentemente no van a sobrar plazas», ha advertido Aitana, alumna y miembro del Sindicato de Estudiantes.
Asimismo, ha advertido de que las instalaciones del Ramiro de Maeztu no cuenta con «espacio suficiente para ellos». «Ya somos muchísimos y no entramos ni en las aulas, van a crear aulas nuevas en pabellones, en las aulas de informática, en la biblioteca…», ha criticado.
Por otro lado, ha rechazado la «ratio diferente» que van a tener estos alumnos internacionales, con «15 estudiantes por clase», mientras ellos soportan «entre 35 y 40 alumnos por clase».
Tanto esta alumna como su compañero Mario, también portavoz del sindicato, han lamentado la «falta de diálogo» por parte tanto de la Administración como de la dirección del propio centro, a la que incluso han acusado de intentar impedir el desarrollo de la huelga, que prevén repetir la próxima semana.
BUSCAN UN «FRENTE COMÚN» CON FAMILIAS Y DOCENTES
No obstante, han subrayado el apoyo recibido «a título individual» por varios de los profesores y han convocado una asamblea para el viernes en la que buscarán hacer «frente común» con ellos y con las familias contra este proyecto.
Mario ha calificado de «muy potente» el seguimiento de estas dos jornadas de huelga, que ha cifrado en este segundo día entre un 70% y un 80%, a pesar de las «amenazas» de la dirección, ha subrayado.
Por otro lado, desde el Sindicato de Estudiantes han reconocido que tienen «poca confianza» en que los grupos políticos apoyen su reivindicación y han remarcado que «la lucha se hace en las calles y no en el Parlamento».
Precisamente este mismo miércoles el portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Esteban Álvarez, ha rechazado que la Comunidad trate de llevar a cabo esta medida «sin consultar a las familias ni al profesorado» y ha amenazado con solicitar «medidas cautelares» ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) si se sigue adelante con ello, ha explicado en declaraciones remitidas a los medios.
También desde la Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid, su secretaria general, Isabel Galvín, censuró que todo el proceso «se está haciendo sin transparencia» y «no se están siguiendo los procesos de trámite que marca la ley ni en materia de negociación colectiva ni de procedimiento», tal como subrayó en declaraciones a Europa Press.
Galvín apuntó a que esta iniciativa se hará «sin la inversión necesaria» y podría suponer «cierre de unidades» de un centro «que tiene lista de espera».
En cuanto al profesorado, el sindicato señaló que «puede suponer una reconversión de plantilla y la designación mediante comisiones de servicios», pero insiste en la «total opacidad» de la Administración sobre procedimiento.
LAS FAMILIAS TAMBIÉN SE OPONEN
También las familias del instituto han criticado la decisión, que «afecta de forma directa a la vida del centro en todos los aspectos» y han reprochado la «falta de transparencia y consulta pública» por parte de las autoridades.
Por otro lado, alertaron de que la creación de este recurso «supondrá una segregación del alumnado en función de su procedencia familiar», una situación «inadmisible en un centro público».
Según informaron la pasada semana fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, esta nueva escuela europea acreditada funcionará como una sección más dentro de sus instalaciones y en ella se podrá matricular cualquier alumno, si bien tendrán prioridad estos escolares procedentes de la Unión Europea.
Habrá enseñanzas en inglés y español y comenzará a funcionar el próximo año escolar con clases en 1º y 2º de Primaria y 1º de Secundaria de Escuelas Europeas (equivalente a 6º de Primaria), aunque se irá ampliando en cursos sucesivos.
Además, todos los estudiantes del Ramiro de Maeztu convivirán como alumnos de un mismo espacio educativo, realizando actividades conjuntas, también extraescolares, con lo que para la Comunidad se favorece así «el enriquecimiento cultural recíproco en un contexto multilingüe y multicultural».
Por su parte, los docentes serán funcionarios públicos que podrán optar a incorporarse a la plantilla en función de su especialización y nivel lingüístico para la impartición de las materias de acuerdo con los requisitos establecidos por el propio sistema EEA y conforme a la regulación de la Comunidad de Madrid.
La región se suma a esta iniciativa tras aceptar su propuesta el Consejo Superior de Escuelas Europeas, en el que están representados todos los Ministerios de Educación de los estados miembros, subrayaron las mismas fuentes.
EUROPA PRESS
