La familia del chico abatido por agentes cree que hay «una evidente desproporcionalidad» en los 19 disparos

La abogada que representa a la familia del chico abatido a tiros el 6 de noviembre de 2021 por tres agentes de la policía Nacional en el rellado de su casa considera que hay «una evidente desproporcionalidad» en el número de disparos que efectuaron los procesados, que ascienden a un total de diecinueve.

La Audiencia Provincial de Madrid ha arrancado esta mañana el juicio con la selección del jurado popular y las alegaciones previas de las partes a la vista oral. Los acusados declararán el próximo lunes ante el tribunal.

Los agentes se enfrentan a una petición fiscal de dos años y medio de cárcel por un delito de homicidio con una atenuante por legítima defensa mientras que la familia solicita diez años de prisión. La defensa reclama la absolución al considerar que concurre una eximente completa de legítima defensa.

Tras concluir la primera sesión, la letrada de la acusación particular ha recalcado que «cualquier persona con un tiro certero puede fallecer y diecinuevo disparos son una barbaridad».

«Es una desproporción irracional muy alejada de la legítima defensa y desde luego no puede tener ningún tipo de justificación. Ni siquiera decimos que los policías fueran a querer matar. Simplemente con que asumieran que ese número de disparos era viable la posibilidad de que Kevin muriera», ha subrayado.

Así, ha censurado que es algo habitual que «se desacredite a la víctima», algo que asegura se ve mucho en procedimientos de violencia de género. «En vez de ser víctimas parece que tenemos que justificar nuestros actos porque el que ha terminado muerto ha sido Kevin», ha señalado.

DEFENDIERON «SU PROPIA VIDA»

Por su parte, el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, ha recordado a las puertas de esta sede judicial que en un primer momento los agentes accedieron a esa vivienda «con un escudo protegiéndose y haciendo uso de las defensas».

«Cuando había un compañero desvalido, porque esa persona había roto el escudo debido a las diferentes acometidas con ese cuchillo, no pudieron hacer otra cosa que emplear una herramienta de trabajo como es el arma de fuego para defender su propia vida», ha recalcado.

La defensa de los policías defiende que el uso del arma reglamentaria para repeler el ataque que sufrieron a manos del chico se ciñó a «las normas y reglas establecidas».

HECHOS JUZGADOS

El escrito de acusación sostiene que sobre las 21:00 horas del 6 de noviembre de 2021 los tres agentes se presentaron en un domicilio de Madrid a requerimiento de dos personas que resultaron ser la madre y el hermano de un joven que, según ellos, estaba «muy nervioso» y les había tratado de agredir con un cuchillo.

Una vez allí los acusados accedieron al inmueble con las llaves que les habían facilitado previamente los familiares, momento en que el K. P. A. «sin mediar palabra», se abalanzó sobre ellos portando un cuchillo en la mano.

Según la Fiscalía, el joven acometió de forma reiterada contra los policías, «dirigiendo el cuchillo a zonas vitales de los acusados, especialmente a cabeza de los actuantes que no se hallaba protegida por el escudo, viéndose éstos obligados a retroceder como consecuencia de las embestidas que ponían en peligro sus vidas, llegando a perder el escudo y a caer al suelo».

Ya en el rellano de la vivienda los acusados mantuvieron un forcejeo con K.P. A., «quién no cesaba en la intención de agredir a los mismos con el cuchillo».

La actitud del joven supuso un riesgo «evidente» para la vida de los policías quienes «en aras a salvaguardar su integridad», procedieron a usar sus armas de fuego reglamentarias. Primero lo hizo un agente, y sus disparos no determinaron ni el cese o la aminoración de la violencia ejercida por el joven, y a continuación lo hicieron los otros dos agentes.

Tras los disparos, y pese a los impactos recibidos, K. P. A. continuaba portando el cuchillo en sus manos. En ese momento llegó al lugar de los otro agente, «quién viendo a sus compañeros con las armas desenfundadas y apuntando al Sr, K. P. A.», se abalanzó sobre el mismo golpeándole con su defensa en varias ocasiones en el brazo derecho con el fin de conseguir desarmarle.

El joven murió el mismo día de los hechos a consecuencia de un shock hipovolémico causado por hemorragia intensa en la cavidad abdominal a causa de los 6 impactos de bala procedentes de las 3 armas de fuego reglamentadas de los acusados, «dirigidos en su totalidad al tronco del fallecido».

K. P. A. había consumido el día de los hechos MDMA, cuyo consumo pudo suponer en el momento de los hechos un incremento de la agresividad que se sumaría a los efectos psicóticos que habitualmente incluyen alucinaciones.

EUROPA PRESS