La jueza de Instrucción número 20 de Madrid ha citado a declarar en calidad de investigado al exalto
comisionado de la Cañada Real de la Comunidad de Madrid por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación al derribo ilegal de una vivienda.
Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la magistrada acuerda tomar el próximo 17 de abril declaración a Markel G. P. como investigado en la causa a instancias del fiscal y de la acusación particular CAES, en manos del letrado Carlos Castillo y Alejandra Jacinto, exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid.
La citación se produce después de que el pasado mes de octubre compareciera bajo la misma condición de investigado el jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Julio C. S. señaló en su comparecencia al excomisionado al manifestar que comunicó una información errónea y que se procedió a la demolición sin más consultas.
La jueza rechaza en la resolución la petición de su defensa de archivar su causa y le mantiene como investigado «debiendo estarse al resultado de las diligencias de investigación aún pendientes de realizar».
La magistrada investiga una denuncia de CAES por la presunta comisión de delitos de allanamiento de morada, daños, contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y prevaricación, entre otros.
EL AFECTADO, DE VIAJE EN MARRUECOS
El denunciante es un ciudadano de nacionalidad marroquí que reside desde hace décadas en España con permiso de trabajo de larga duración, habiendo establecido su domicilio desde 2004 en la parcela 203 del Sector 6 de la Cañada Real Galiana.
Se trataba de una vivienda de más de 20 años de antigüedad, estando en situación similar a otro grupo de casas antiguas en el Sector 6 de Cañada Real que no han optado al proceso realojo que se lleva a cabo en la zona y que consideran que deben ser reconocidos en sus derechos adquiridos tras una habitación prolongada desde hace décadas.
El Ayuntamiento de Madrid, a través de su departamento de disciplina urbanística, abrió un expediente por construcción sin licencia, igual que a otras muchas viviendas de la zona. Frente a ello, el denunciante presentó alegaciones y un recurso ante la orden demolición.
Según la denuncia, este expediente administrativo, en ningún caso podía desembocar en derribo de la vivienda sin haber concluido y sin haberse elaborado un presupuesto de demolición previa.
Pese a ello, se procedió a la demolición el 19 de julio de 2022 cuando el denunciante se encontraba de viaje en Marruecos. Algunos vecinos le informaron por teléfono que su vivienda estaba siendo demolida por un grupo de operarios mediante una excavadora.
Al parecer derribaron también una nave colindante e intentaron también derribar las construcciones de huerto de la parcela 205 lo que no pudieron hacer por la oposición de su dueño que informó de que había abierto un expediente en disciplina urbanística.
Europa press
