Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha ratificado este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la querella que presentó contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionario tras la publicación de una nota aclaratoria sobre el caso de su supuesto fraude fiscal.
Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, Alberto G. A. ha comparecido ante el tribunal después de que el magistrado de la Sala Civil y Penal que tramita la querella le citara para este miércoles a las 13.30 horas porque la pareja de Ayuso tenía un compromiso laboral el viernes, para cuando fue citado inicialmente.
González Amador ha acudido a la cita judicial en la madrileña calle General Castaños, con un único acceso principal, después de comparecer el pasado lunes ante los juzgados de Plaza de Castilla, donde estaba llamado a declarar como investigado por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental.
Dicha declaración, sin embargo, se aplazó finalmente hasta el próximo 24 de junio. En su visita a los juzgados, evitó a toda costa ser captado por los periodistas y abandonó la sede judicial tres horas después de anunciarse la suspensión de su interrogatorio. Hoy, en cambio ha entrado y salido ante los medios por la puerta principal.
PRIMERA DILIGENCIA
La citación de este miércoles supone una de las primeras diligencias en la causa a los efectos de ratificar las respectivas querellas. La supuesta revelación de secretos guarda relación con la nota aclaratoria difundida por la Fiscalía de Madrid en la que se informaba sobre el cruce de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal relativos a la investigación por un presunto fraude fiscal.
Entre las diligencias, el magistrado acordaba validar los artículos de prensa aportados por las partes querellantes, con la finalidad de acreditar su realidad y autentificación de dicha publicación y ordenaba dirigir oficio «a los medios de comunicación que los hayan publicado».
Lo hacía «a fin de que, por quien corresponda de los citados medios, se certifique sobre la realidad y autenticidad, con expresión de la fecha y hora, en su caso, en que se realizó la publicación, con identificación del periodista o autor de la reseña periodística en cuestión».
QUIÉN AUTORIZO EL COMUNICADO
También se solicitaba que se indique «quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado».
De igual modo, pedía que se remita relación y copia del soporte original de todas las comunicaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal (emails recibidos y enviados) con el abogado de Alberto González Amador con ocasión de la defensa del mismo antes y después de hacerse público el comunicado.
La Sala exponía que «el juicio de admisión de una querella a trámite ha de resaltarse que ni prejuzga en modo alguno ni condiciona el devenir procesal de la causa».
«Se trata exclusivamente, desde un punto de vista indiciario, de examinar, la posible apariencia delictiva inicial de los hechos que se imputan en la querella, y siempre que se disponga de algún elemento que avale racionalmente su verosimilitud, más allá de la simple afirmación del querellante de la existencia de delito sin ningún apoyo objetivo», señala.
EN CONTRA DE LA FISCAL
La admisión de la querella se produjo después del informe en contra de la fiscal María de la O Silva, quien instó a su inadmisión al carecer de relevancia penal.
En el auto de admisión, la Sala estimaba que «sin que pueda entenderse nunca la admisión de una querella como un acto de imputación anticipada, ni una calificación ultimada de los hechos, ha de investigarse el verdadero alcance del conjunto de los hechos relatados en el escrito de la querella».
«Solamente de este modo puede cumplirse con una finalidad esencial del sumario, tal y como se contempla en el artículo 299 de la LeCrim, y que consiste en la determinación de todas las circunstancias que puedan influir en la calificación de los hechos, siempre que estos revistan indiciariamente carácter delictivo», señalaba.
HECHOS «ATÍPICOS»
La Sala de lo Civil y Penal del TSJM no coincidía con el Ministerio Público cuando considera que procede la inadmisión de la querella, dado que, a su juicio, «los hechos que en ella se relatan resultan atípicos».
Los jueces, en cambio, entienden que este argumento acota el debate desde una perspectiva muy concreta que no parece abarcar todas las proyecciones del ámbito penal de la revelación de secretos.
Los magistrados agregaban que «en su informe el Ministerio Fiscal da razón de por qué facilitó una nota informativa» en alusión a que apuntó que se realizó «para salir al paso de determinadas informaciones».
Además, negaba la Fiscalía que en esa nota informativa conste nada que no fuese conocido, afirmado que se veía «facultado por su propia normativa orgánica al anudar al libre ejercicio de la libertad de información el deber de trasladar a la sociedad el hecho noticiable».
Así, señalaba la Sala, «es de analizar si se ha visto vulnerado el deber de confidencialidad y reserva inherente a las actuaciones penales, entre las que se comprende las preprocesales a cargo del Ministerio Fiscal y ello requiere, a su juicio, una indagación que sólo puede abordarse adecuadamente mediante la oportuna instrucción de la causa».
EUROPA PRESS
