Se aplicarán unos más exigentes para comunidades y ayuntamientos, pero el Gobierno tiene asegurada la tramitación de los PGE
MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) –
El Senado volverá a debatir y a votar en el Pleno de este miércoles los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas en el periodo 2024-2026 planteados por el Gobierno, que podrían decaer definitivamente si el Partido Popular mantiene su posición de rechazarlos, aunque esto no supondrá un obstáculo para la aprobación de los Presupuestos de 2024.
El pasado 7 de febrero, el PP ya hizo valer su mayoría absoluta en el Senado y tumbó los objetivos, de manera que forzó al Gobierno, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a volver a la casilla de inicio del trámite parlamentario y aprobar de nuevo en el Consejo de Ministros del 13 de febrero la senda de déficit.
Así, la mayoría absoluta del PP en el Senado podría poner en juego la aprobación definitiva de estos objetivos de estabilidad presupuestaria, que ya fueron validados por el Congreso de los Diputados –pese al voto en contra de los ‘populares’– y que suponen el primer paso para la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.
Pero independientemente del resultado de la votación este miércoles, la tramitación de los Presupuestos podrá seguir su curso y el proyecto podría ser aprobado por el Consejo de Ministros, una vez recabados los apoyos parlamentarios necesarios para poder sacarlo adelante en las Cortes Generales.
La intención del Ministerio de Hacienda es aprobar la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 en la primera parte del año. Para ello ya tiene listo el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más con respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Cabe recordar que el techo de gasto no se vota en las Cortes, sólo los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, que tendrán que estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia.
Los objetivos fijan un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las administraciones públicas, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y para 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario.
Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, un 0,1% en 2025 y al 0% en 2026.
En lo que respecta al objetivo de deuda pública, el Gobierno prevé un 106,3% del PIB en 2024, del 105,4% en 2025 y del 104,4% e 2026. Por último, la regla de gasto se sitúa en un 2,6% para este año, un 2,7% en 2025 y un 2,8% en 2026.
OBJETIVOS MÁS EXIGENTES PARA CC.AA. Y EE.LL. SI DECAEN
Pero si se consuma un segundo veto a la senda de déficit, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avisado que los objetivos fijados serán los remitidos a la Comisión Europea en abril dentro del Programa de Estabilidad, lo que se traduciría en una menor capacidad de gasto para comunidades y ayuntamientos.
En concreto, los objetivos que se aplicarían si el PP rechaza en el Senado la senda del Gobierno fijan la estabilidad presupuestaria para comunidades autónomas y un superávit del 0,2% para ayuntamientos este año, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.
LA TRAMITACIÓN DE LOS PGE PUEDE SEGUIR SU CURSO
En los planes del Gobierno no está ese segundo veto a los objetivos, pues nunca ha sucedido, pero si ocurre, Hacienda tiene un ‘plan B’, que consiste en un informe de la Abogacía del Estado sustentado en el artículo 135 de la Constitución que permitiría la tramitación presupuestaria con esa senda remitida a Bruselas en abril.
El Partido Popular ha cargado contra este «informe inexistente» de la Abogacía del Estado mencionado por la ministra de Hacienda que le asegura la tramitación de las cuentas públicas en 2024.
«Digo inexistente porque en el Senado solicitamos este informe de la Abogacía del Estado el 12 de diciembre y hoy, 5 de febrero, no tenemos noticias de este informe y no se ha hecho público», llegó a denunciar la senadora popular, Alicia García.
Pero fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero han asegurado a Europa Press que este informe se conocerá en el caso de que el PP rechazara por segunda vez los objetivos.
En caso de que las Cortes Generales aprueben definitivamente los objetivos planteados por el Gobierno, se tendría que volver a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero si se aplican finalmente los del Programa de Estabilidad de abril –más restrictivos– esa reunión no se produciría.
