La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, cree que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, «toma por tontos a los madrileños» cuando tacha de «cacería» la denuncia contra su pareja por dos presuntos delitos fiscales y de falsedad documental.
Este martes se conocía la propuesta de conformidad penal del novio de la presidenta, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que «acepta íntegramente» la existencia de «dos delitos contra la Hacienda Pública por el impuesto sobre sociedades, 2020 y 2021» y propone a Fiscalía asumir 8 meses de cárcel, así como pagar más de medio millón de euros para evitar el juicio.
«Sabemos que la defensa del novio de Ayuso reconoció que no era no era viable regularizar el pago para quedar exento de su delito. Eso no le exoneraba. Lo que estamos viendo es que Ayuso cada vez que dice que esto es una cacería nos está tomando por tontos a los madrileños», ha planteado Manuela Bergerot a los medios de comunicación antes de reunirse con la Red de Municipios por el Cambio.
Asimismo, ha cargado contra el PP y la presidenta por «mentir» y cree que a ella «todos los chanchullos y los presuntos delitos de su novio la van a perseguir durante toda su carrera».
LA PROPUESTA DE CONFORMIDAD
En la propuesta de conformidad penal, la defensa reconoce una cuota defraudada de 155.000 euros en el ejercicio relativo a 2020 y de 195.951,49 euros por el ejercicio de 2021, lo que se traduce en 350.951 euros más intereses de demora. Además de la pena de prisión, propone asumir también «una multa del 40% de la cuota defraudada», lo que elevaría el importe a unos 520.000 euros.
Explica que aunque intentó realizar una regularización tributaria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) le avisó de que esta «supuesta regularización» no puede «operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad», con lo que está «completamente de acuerdo».
«Teniendo en cuenta el resarcimiento del daño asociado a esta propuesta de conformidad penal, y que no estamos en ningún caso ante un delito agravado, se propone una pena de prisión de 4 meses por cada delito a imponer», recoge el escrito.
Asimismo, la defensa plantea «la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 9 meses».
EUROPA PRESS
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