Ayuso insiste en que la Ley de Vivienda es «lesiva para las competencias autónomicas» y provoca aumento de «los precios»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este martes de nuevo contra la Ley estatal de Vivienda, que considerar que es «lesiva para las competencias autónomicas» e impone «un modelo de gestión que no ha sido refrendado por los ciudadanos en las urnas».

En la II Jornada de Vivienda y Energía, organizada por Madridiario en el Hotel Palace, la dirigente regional ha sostenido que allá donde «se ha aplicado sin límites ha conseguido efectos devastadores», ya que «ha multiplicado la okupación» y «ha hundido la oferta del alquiler», lo que ha provocado el aumento de «los precios».

La presidenta madrileña justo ha hecho estas declaraciones en el momento en el que se conocía que el Tribunal Constitucional ha avalado la mayor parte de la Ley de Vivienda.

Ayuso ha cargado contra políticas las políticas «intervencionistas» y «arbitrarias» que «van contra el mercado, que bajo evidentes criterios de regulación tiene que ser libre».

«Limitar los precios, intervenir la vivienda de los particulares, poner esas trabas al emprendimiento, a la compra, el alquiler o cualquier otra acción libre que nace de manera voluntaria del ciudadano y de la empresa siempre contrae consecuencias nefastas que debemos evitar, al menos desde este motor económico que es Madrid», ha subrayado, al tiempo que ha defendido que las medidas deben «promover el incentivo, la creatividad, el crecimiento» y «la atracción de inversiones.

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado este martes la mayor parte de ley de vivienda, tras estudiar el recurso presentado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra una serie de artículos de la norma por el derecho a la vivienda, que permite imponer nuevos límites a la subida del precio del alquiler en las zonas tensionadas.

Según ha informado la corte de garantías, la mayoría progresista del Pleno ha estimado parte del recurso del Ejecutivo andaluz y solo ha declarado inconstitucionales y nulos dos apartados de la norma aprobada en mayo de 2023: el artículo 16, que recoge los principios que rigen la vivienda protegida; y parte del artículo 19.3, relativo a la colaboración y suministro de información de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tensionado.

La resolución, con ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano, es la primera que estudia el asunto y marca el camino para las futuras revisiones que llegarán dado que también han recurrido esa ley el Govern de Baleares, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia, el Parlament catalán y los diputados del PP en el Congreso.

EUROPA PRESS