MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) –
El Juzgado de lo Penal número 4 de Alcalá de Henares ha archivado de forma definitiva la causa por la que el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, iba a sentarse en un banquillo de los acusados en relación al denominado ‘caso Calvario’ en relación a la autorización de unas obras en un yacimiento arqueológico.
Así consta en una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la magistrada estima la cuestión previa planteada por el alcalde socialista y otros dos investigados por vulneración del derecho de defensa al realizarse las declaraciones fuera de plazo. En cambio, rechaza la petición respecto a otro de los encausados, que ya ha recurrido el auto.
Ángel Viveros se enfrentaba a una petición fiscal de tres años de cárcel. El juicio por la presunta comisión de un delito contra el patrimonio histórico y prevaricación urbanística llegó a señalarse para febrero, pero antes del verano Viveros y el resto de investigados plantearon una cuestión previa.
Los hechos investigados se centraban en la supuesta concesión a un centro comercial de un permiso para iniciar las obras del centro comercial en un yacimiento arqueológico donde había restos del paleolítico.
En el auto, dictado el pasado 4 de julio, la magistrada acuerda la nulidad de las declaraciones de los investigados por vulneración del derecho de defensa por haberse practicado fuera del plazo de instrucción, por lo que se declara la absolución de Ángel Viveros respecto a los delitos de prevaricación urbanística y un delito contra el patrimonio histórico cometido por omisión.
La absolución se declara por estricta aplicación de la postura actualmente en vigor del Tribunal Supremo, para salvaguardar el haz de derechos contenidos en el artículo 24.2 e la CE y «estimándose que la declaración de los investigados se realizó fuera del plazo de instrucción de la causa, vulnerando su derecho de defensa, a diferencia del resto de pruebas practicadas fuera del límite de instrucción, que no contienen ningún tipo de ilicitud constitucional porque no vulneran ningún derecho fundamental».
Hace unas semanas, Viveros ofreció una rueda de prensa en la que aclaró detalles del proceso, que se inició hace una década. «Hasta llegar a junio de este año, no se tuvo en cuenta mi testimonio, tampoco el informe pericial elaborado por expertos universitarios, ni siquiera la solicitud de testigos como técnicos de la Comunidad de Madrid, de Patrimonio, o el responsable de la obra. Nada se tuvo en cuenta, como si no se hubiese pedido, pero sobre todo se obvio el primer convenio, el firmado por el PP… todo muy extraño», aseguró.
Así, reprochó «la actitud mezquina, irreverente, falsa e insultante del PP y de algunos medios, casi ninguno por fortuna, que no han tenido reparo en todo este tiempo en mentir sobre este asunto, en faltar al respeto constantemente con falsedades o medias verdades».
