Renfe alega que las incidencias en Cercanías son «inevitables» y Defensor del Pueblo pide un informe sobre seguridad

Renfe ha trasladado a la oficina del Defensor del Pueblo que «el gran volumen de movimientos, unido a las obras de infraestructuras» ha generado incidencias en la red de Cercanías de Madrid que consideraba «inevitables», con 1.436 trenes en circulación al día que transportan de media 700.000 viajeros diarios.

La oficina dirigida por Ángel Gabilondo se hace eco en su informe anual correspondiente a 2023 de esta respuesta en su función de supervisión de la actividad de las Administraciones Públicas en materia de comunicaciones y transportes.

En el aspecto relativo a la red de Cercanías de Madrid, que el pasado año generó un enfrentamiento entre el Ministerio de Transportes y la Comunidad de Madrid por la inversión ante el número de averías y retrasos registradas, desde el gestor ferroviario recalcan que pese a ello el índice de puntualidad de este núcleo se mantuvo en 2023 en el entorno del 97%.

Para explicar estas incidencias, Renfe aludió al volumen de movimientos que se registran en esta red, que cuenta con 9 líneas y 95 estaciones y por la que circulan 1.436 trenes al día que transportan de media 700.000 viajeros diarios.

Además, la compañía alegó a obras en las infraestructuras como otro de los motivos, entre ellas los trabajos llevados a cabo en el túnel de Sol, que afectaron a varias líneas, lo que obligó a reconfigurar todos los servicios, o los acometidos en la estación de Chamartín.

En este sentido, explicó que los trenes procedentes de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo se veían obligados a finalizar su servicio en dicha estación y, debido a esta situación «excepcional», los trenes procedentes de Aranjuez finalizaban servicio en Atocha y los de Parla en Nuevos Ministerios.

En este contexto, el Defensor del Pueblo ha recordado que Renfe ya anunció un plan específico de aglomeraciones que estaría vigente hasta la finalización de las obras.

Entre estas incidencias, especial importancia tuvieron los tres descarrilamientos registrados en pocas semanas a finales del pasado año en la red de Cercanías. Sobre este punto, la oficina de Ángel Gabilondo ha solicitado a la compañía ferroviaria «un informe complementario sobre distintas cuestiones, especialmente las vinculadas a la seguridad».

ACCESIBILIDAD

En su memoria, el Defensor del Pueblo también alude a las medidas puestas en marcha en materia de accesibilidad en la red de transportes públicos de la Comunidad, destacando especialmente en su informe la situación de los taxis adaptados de usuarios de silla de ruedas, al haber descendido de 564 que había en 2019 a los 435 de 2023, lo que representa el 2,75% de la flota.

En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid se comprometió a contratar un estudio para mejorar sus datos e indicadores del servicio de taxi adaptado, ya que, según indicó, a la escasez de taxis adaptados se podrían sumar prácticas que dificultarían su uso por parte de las personas con movilidad reducida.

En este sentido, el Consistorio de la capital explicó que los intermediarios del servicio habrían eliminado la reserva anticipada de vehículos adaptados y que un porcentaje importante de estos vehículos no realiza habitualmente servicios a personas con movilidad reducida.

También manifestó haber adoptado ya varias medidas para incrementar su número, como la mejora de las subvenciones para la adquisición de vehículos adaptados o la concesión de beneficios especiales a este tipo de vehículos.

En este contexto, el Defensor del Pueblo indica que hará «el debido seguimiento» sobre este tema.

En el caso de Metro de Madrid, la red cuenta con 211 estaciones accesibles, un 70% del total. El Plan de Accesibilidad e Inclusión 2021-2028, dotado con 332 millones de euros, posibilitará que 27 estaciones se incorporen al listado de completamente accesibles, lo que permitirá aumentar al 84% las estaciones completamente accesibles tras su completa ejecución.

La citada entidad también indicó al Defensor del Pueblo que los trenes más modernos disponen de un sistema de despliegue de rampas para el paso de personas con movilidad reducida. Actualmente, dicho servicio está disponible en todas las unidades que prestan servicio en seis líneas.

En el resto de las líneas operativas, el porcentaje de trenes accesibles oscila entre el 90% de la línea 6 y el 15% de las líneas 8 y 10, salvo en dos líneas (1 y 9B), en los que ningún tren dispone de estos elementos.

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

En cuando a las infraestructuras viarias, cita el caso «significativo» planteado por vecinos de Pelahustán (Toledo) sobre la carretera que une dicha población con Cenicientos (Madrid) al carecer de mantenimiento y estar «en un estado muy deficiente».

Sobre este punto, la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid reconoció su responsabilidad «en el tramo que va de Cenicientos al límite con la provincia de Toledo», e informó de que en 2024 estaba previsto llevar a cabo actuaciones para la rehabilitación del firme.

Respecto al resto del trazado, según se señala en la memoria, existe desde hace años «una controversia» entre Administraciones sobre la titularidad del tramo de carretera que discurre por la provincia de Toledo, desde el cruce con la carretera CM-5005, hasta el límite con la Comunidad de Madrid. Por tanto, las actuaciones siguen abiertas hasta aclarar quién debe hacerse cargo del mantenimiento de esta vía en condiciones de tránsito seguras.

Finalmente, en materia de contaminación acústica, el informe remarca la falta de actuación del Ayuntamiento de Madrid por los ruidos que genera el tráfico de la carretera M-201. Al respecto, el Defensor del Pueblo emitió dos sugerencias para que habilitara medios personales y materiales adicionales «que impulsaran la aprobación y ejecución del plan de acción correspondiente, así como que incorporara en los sucesivos planes de acción un epígrafe sobre el grado cumplimiento de las medidas correctoras en el plan anterior».

Además de observar un retraso en el calendario establecido, el Defensor del Pueblo revisó el contenido de los distintos planes de acción aprobados por el Ayuntamiento de Madrid y concluyó que en ellos se analizaba de una forma excesivamente general el grado de implantación de las medidas, correctoras del ruido previstas en el plan anterior.

«La falta de un análisis concluyente sobre la eficacia de las medidas o las razones para que no se hayan implantado, puede derivar en la incorporación de medidas no cumplidas en un período en el siguiente plan de acción sin mayor consecuencia para la Administración, aunque sí para los ciudadanos, que deberán seguir soportando sus efectos», indica en su informe.

EUROPA PRESS