MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) –
La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) cumple este viernes 12 de abril un año desde su entrada en vigor sin que el Gobierno y las comunidades autónomas hayan alcanzado todavía un acuerdo para financiar su desarrollo.
Para abordar el desarrollo de la Ley de Universidades, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha creado este año un grupo de trabajo en el que están representadas las comunidades autónomas, los sindicatos y los rectores de las universidades españolas.
La Comisión de Trabajo para avanzar en la implantación de la LOSU está diseñada con el objetivo de establecer un sistema de financiación de las universidades españolas que les permita alcanzar la disponibilidad de unos recursos que equivalgan al 1% del PIB en el año 2030, fijando unos criterios comunes mínimos para todo el sistema y estables en el tiempo.
Este grupo de trabajo comenzó a trabajar a principios del pasado mes de febrero en una respuesta conjunta entre el Estado y las comunidades autónomas, «bajo el principio de corresponsabilidad, sobre la necesidad de las universidades de incorporar talento, rejuvenecer las plantillas y combatir la precariedad de determinados colectivos de profesorado», según informaba el Ministerio.
Las propuestas que elabore la Comisión de Trabajo se deben debatir y aprobar posteriormente en el seno de la Comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria, en la que participan todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
La última propuesta presentada por el Ministerio a las comunidades autónomas fue el Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas, que implica que el Gobierno financia con 150 millones de euros anuales por curso académico un total de 3.400 plazas de profesores ayudante doctor en las universidades públicas a partir del próximo curso 2024-2025 y durante los seis años de duración de esta modalidad de contrato.
El Ministerio, que en un borrador inicial estimó en 4.200 las plazas de profesores necesarias para el desarrollo de la Ley de Universidades, exige la correspondiente participación de cada una de las comunidades autónomas, como administraciones competentes, que deberán sufragar el resto de las plazas de profesorado ayudante doctor que necesitan sus universidades públicas.
Estas plazas extra, que se lanzarán más allá de la oferta ordinaria de empleo público, deben destinarse a compensar los cambios en la dedicación docente del profesorado asociado y de los nuevos profesores ayudantes doctores, recogidos en la LOSU.
No obstante, algunas de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ha rechazado la propuesta y reclamado al Gobierno que financie todas las plazas de profesores necesarias.
«Las comunidades autónomas a día de hoy tienen más dinero transferido por parte del Gobierno que nunca y por tanto les decimos que sí que tienen dinero para pagar profesores y para pagar la justicia laboral que merecen los profesores en nuestras universidades», señalaba la ministra Diana Morant durante su comparecencia en la última sesión de control al Gobierno en el Senado.
CSIF CRITICA QUE LA LOSU CONTINÚE SIN LA FINANCIACIÓN NECESARIA
Con motivo del aniversario de la entrada en vigor de la LOSU, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la situación de «interinidad e incertidumbre» sobre el desarrollo de la norma que «sigue sin contar con la financiación necesaria».
El sindicato advierte de que esta situación genera «incertidumbre e inestabilidad» en las plantillas docentes e investigadoras y es la responsable del enfrentamiento entre Gobierno y comunidades autónomas sobre quién financiará la contratación de los nuevos 4.200 Profesores Ayudantes Doctor necesarios, como recoge la ley, por la disminución de la actividad docente del profesor asociado y de los nuevos profesores ayudantes doctores.
Para CSIF, la LOSU tampoco está cumpliendo el objetivo de acabar con la precariedad y de estabilizar la carrera académica, sino que «está cronificando la inestabilidad» del Personal Docente e Investigador (la tasa de temporalidad en las universidades públicas es del 49 por ciento, muy lejos del objetivo del 8 por ciento para final de año).
El sindicato también rechaza la propuesta del Gobierno para «flexibilizar» la implantación de la ley: Permitir a las universidades retrasar 3,5 años la estabilización de los Profesores Asociados y el nuevo Régimen de Dedicación del Personal Docente e Investigador (PDI). En su opinión, esta medida «limitará la mejora de calidad de la plantilla y mantendrá las altas tasas de temporalidad en el PDI».
Igualmente, recuerda que el Gobierno sigue sin presentar el Estatuto del Personal Docente e Investigador. La Disposición final décima de la LOSU establece que «en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador Universitario».
