El PSOE-M que lidera Juan Lobato como secretario general se personará como acusación particular en el proceso por la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra el novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental.
Así lo ha adelantado su secretaria de Organización, Marta Bernardo, en la rueda de prensa posterior a al Junta de Portavoces de este viernes en la Asamblea.
«Hemos estado hablándolo con los abogados del partido y vamos a dar este paso», ha explicado la socialista, quien entiende, además, que ha llegado un punto en el que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene que «hacer una llamadita y pedir el cese inmediato» de Ayuso. La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha incoado esta mañana diligencias previas por estos delitos.
Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha explicado que su partido está estudiando con los abogados ver «todas las vías judiciales» para «acabar con esta barrabasada».
Visiblemente enfada ha acusado al PP de «privatizar las instituciones y la democracia» después de que la Mesa de la Asamblea, con la mayoría absoluta del PP, haya tumbado en bloque todas las iniciativas y peticiones de comparecencia solicitadas por la izquierda desde que se conoció la denuncia.
Entre ellas se encontraban el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, varios consejeros –entre ellos la de Sanidad, Fámita Maute– y otros altos cargos de la Comunidad de Madrid que tienen entre sus funciones las relaciones con los medios de comunicación.
LAS DILIGENCIAS
Las diligencias se incoan en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, tras la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, recaída en este órgano judicial por turno de reparto y que ahora admite esta magistrada. La jueza acuerda que se les cite a declarar en calidad de investigados a Alberto G. A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a otras cuatro personas.
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, la jueza razona que supuestamente y «como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal».
La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades».
«Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021», recoge la denuncia del fiscal.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce «determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito».
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar «un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer».
APRECIARON INTENCIÓN DE «ELUDIR TRIBUTACIÓN»
A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que ha derivado en al presentación de la citada denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.
Según el fiscal, la dirección de la sociedad en el periodo comprobado corría a cargo de un administrador único Alberto G. A., pareja de la presidenta regional. Por parte de la Agencia Tributaria se iniciaron actuaciones de comprobación el día 12 de mayo de 2022.
En el curso de dichas actuaciones de comprobación para el Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la citada sociedad, según la denuncia, «se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación».
EUROPA PRESS
