La Comunidad de Madrid abrirá de oficio un nuevo procedimiento administrativo de concesión de ayudas para las víctimas del terrorismo que pretende dar respuesta a todas aquellas personas que no presentaron su solicitud durante el primer plazo establecido en la ley, «otorgándoles una segunda oportunidad para hacerlo».
Asimismo, serán beneficiarias de las ayudas aquellas víctimas que tuvieron que abandonar su lugar de residencia para vivir y desarrollarse personal y laboralmente en la región durante al menos los dos años previos a la entrada en vigor de la ley y que acrediten los requisitos establecidos en la norma y que aporten toda la documentación acreditativa.
Este criterio ha sido comunicado este viernes a los que ya solicitaron la prestación y se encuentran bajo este supuesto y a las asociaciones de víctimas del terrorismo. El Gobierno regional tiene cuatro años para abonar estas indemnizaciones desde que se conceden y que, en este caso, van dirigidas a aquellas personas que no presentaron en tiempo y forma su solicitud.
Desde la entrada en vigor de la Ley 9/2022 se han presentado 1.500 nuevas solicitudes de indemnizaciones que se pueden abonar, en su caso, dentro de los cuatro años siguientes a la concesión. Estas ayudas se suman a las presentadas en aplicación de la ley de 2018, que ya benefició a 1.495 víctimas del terrorismo.
Las ayudas de la Comunidad de Madrid a las víctimas del terrorismo fueron foco de polémica en las últimas semanas, tras las quejas de la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez. La también hermana del dirigente del PP de Gipuzkoa asesinado por ETA Gregorio Ordóñez afeó al Gobierno regional que «excluyese» de las ayudas a las víctimas de terrorismo no empadronadas en la autonomía en el momento de los asesinatos.
EUROPA PRESS



