La Comunidad de Madrid ultima un protocolo de entornos seguros en el deporte de aplicación en instalaciones deportivas de titularidad o gestión autonómica, tal como ha señalado este miércoles el director general de Deportes, Alberto Tomé, durante su comparecencia ante la Comisión de Turismo y Deporte de la Asamblea.
En respuesta a una pregunta de Más Madrid sobre la implantación de la figura del delegado de protección-recogida en espacios de ocio y de deporte y en las actividades deportivas que gestiona la Comunidad de Madrid para niños, niñas y adolescentes, Tomé ha señalado que el Gobierno regional está tramitando ese protocolo que se aplicará en las instalaciones deportivas adscritas y gestionadas por la Comunidad en las que se desarrollen actividades deportivas de competición, ocio y tiempo libre, así como a las actividades formativas en materia deportiva que se desarrollen en las mismas.
Una norma de aplicación «a todas las personas físicas y jurídicas que hagan uso, por cualquier título, de estas instalaciones deportivas», sean mayores o menores de edad, «quedando expresamente incluidas las personas que presenten situaciones de diversidad funcional de cualquier forma» o «de especial vulnerabilidad».
La pregunta de Más Madrid, formulada por la diputada Emilia Sánchez-Pantoja, se refería a la implantación de la figura del delegado de protección-recogida en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi) en los espacios y actividades dependientes de la Comunidad, sobre lo cual el director general ha subrayado que para la Administración regional «la protección contra la violencia es máxima» y va «un paso más allá de lo marca la ley».
En cuanto a la implantación de esta figura, Alberto Tomé ha señalado que el nombramiento de estos delegados de protección ha recaído en los directores de las instalaciones deportivas de la Comunidad, algo «totalmente insuficiente» a juicio de la diputada de Más Madrid, pues esto «no cambia nada».
Sánchez-Pantoja ha subrayado la «preocupación» que le han transmitido a su grupo distintas asociaciones de protección a la infancia y ha recordado que la Lopivi lleva dos años en vigor.
Europa Press
